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Más denuncias por el asfalto

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Más denuncias por el asfalto Foto: Pablo Campolongo

Se amplió la presentación en la Fiscalía. Pese a lo que dijo el Director de Vialidad, los vecinos sí habrían pagado. La justicia determinará si también cometieron delito.

Antes del feriado largo de Pascuas, los trabajos de asfaltado de la Ruta N°62 a Lolog avanzaban y se estimaba que se llegaba a la promesa de finalizar el tramo prometido los primeros días de abril. Pero un pequeño traspié frenó todo y desde hace una semana que no se mueve una máquina.

Que operarios de vialidad asfaltaran la entrada de un barrio privado, con maquinaria pública y el material que debía ir en la ruta sonó en todos lados. Así fue como tomó intervención en Concejo Deliberante de San Martín de los Andes a través del concejal Martín Rodríguez.

El edil realizó un pedido de informe a Vialidad y trasladó el tema a la Defensoría del Pueblo. La cual al constatar la posibilidad de un delito, derivó lo visto a la Fiscalía, por el delito de malversación de caudales públicos.

Paralelamente, el Director de Vialidad Carlos Schenk en diálogo con el periódico San Martín a Diario expresó que no hubo pago de los vecinos, sino que era material sobrante y que los operarios decidieron colocarlo en las calles del barrio, en lugar de tirarlo.

Pero esta afirmación se cruza con los dichos de los propios vecinos el día posterior al hecho. El asfalto se colocó el lunes 26 de marzo, por lo que el martes 27 ya había críticas en las redes sociales y en las radios locales.

Incluso se escuchó en el programa Caro a las 7 que se emite por radio Fun, que la conductora contó que le habían llegado mensajes de los vecinos del barrio en los que se detallaban montos, plazos y formas de pago. Esto fue en defensa de las críticas de llamados que criticaban que se hayan realizado los trabajos.

Esto mismo se pudo ver en las redes sociales durante esos días, en los que unos criticaban que se haya asfaltado, en tanto que los vecinos decían que habían pagado. Allí se supo que habría sido por un monto de 60 mil pesos.

Pero todo esto se borró cuando se vio que sería un delito que hayan pagado sin que se hubiese realizado una contratación, además de que el monto era muy inferior a lo que realmente valdría.

Esto fue incorporado por el Concejal Martín Rodríguez a la denuncia que realizó el Defensor del Pueblo. Por lo que ahora la denuncia penal no es solamente contra los operarios, sino también contra los vecinos del barrio y el administrador, quienes tendrán que demostrar que no hubo pago por esos trabajos.

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